Reform Rollback
Reversión de la reforma
Reform Rollback
By Sherry Mazzocchi
As Albany rolls back its progressive bail reform law, advocates say a pandemic is not the time to keep more people in crowded jails.
Hoping Governor Cuomo will invoke last-minute emergency powers to stop the rollback, effective July 2, Marvin Mayfield said the initial bail reforms eliminated half of the people held in jails during the pretrial period.
“The only reason they were held—it’s not because they were deemed dangerous—but simply because they couldn’t afford to pay bail,” said Mayfield, Statewide Organizer at Center for Community Alternatives. “This is nothing short of devastating for black and brown communities who have been the target of mass criminalization and state violence.”
According to reports by the Legal Aid Society, more than 1,700 people in custody and employees of New York City jails tested positive for COVID-19, with more than 3,000 exposed to the highly contagious disease. New York City jails are not designed for social distancing nor is cleanliness a high priority.
“Soap is a hot commodity,” said Mayfield, who said soap rations typically run out before it is replaced.
After almost a year at Rikers Island, he was offered a plea deal, which he said he accepted in order to go home.
The bail reforms enacted by Albany were meant to prevent lengthy stays, as well as coerced plea bargains. According to the Pew Research Center, most convictions are not the result of a trial. Nearly 97 percent of federal convictions are obtained through a plea bargain. The state statistic is 94 percent.
Mayfield called the rollbacks “mean spirited” in the midst of a pandemic. “Legislators who succumbed to a racist campaign of fear-mongering and disinformation will be responsible for the pretrial incarceration of tens of thousands more New Yorkers each year. It is now the duty of all New York’s elected officials who believe in justice to recommit to pretrial freedom and leveraging every tool possible to halt these rollbacks and undo this harm.”
Last year, Albany enacted a sweeping bail reform package that eliminated cash bail for most arrests in New York State. Effective January 1, bail reform was touted as a success by lawmakers who said the new laws would keep people unable to pay out of jails until their trials. It has been estimated that eliminating cash bail would reduce the jail population by at least 40 percent, according to a study by the Center for Court Innovation.
Shortly after the legislation went into effect, law enforcement officials pushed back, saying the roll backs increased crime. Others said that since the program had just started, the limited data did not offer a fair analysis.
In April, the legislature opted to revisit the issues and passed a new law allowing judges the option of setting cash bail in 15 additional categories.
“To see them rolled back is disheartening,” said Mayfield. “The people who can’t afford bail are black and brown and from low income communities who can’t pay. The people who can pay it are affluent and are usually white people. This is the disparity that we were challenging with bail reform.”
The initial bail reform laws were seen a big leap forward by advocates. Waiting in jail often means a cascade of other losses—including jobs, custody of children, homes or apartments. Young people lose valuable time away from school. Still others may not have access to medical care or medications.
According to a 2018 study by the Bureau of Justice Statistics, six out of every 10 people in jail are awaiting trial. People who are found not guilty make up 95 percent of the jail population growth between 2000 and 2014, according to that same study. Other advocates say waiting in jail serves no actual purpose and is counter to the justice system’s presumption of innocence until proven guilty.
“The bail reform we fought for was specifically creating fairness across the board. It was never about excusing crime or compromising safety. It was about fairness for people who can’t afford to pay, and to prevent them from becoming commodities inside the prison industrial complex in New York State,” said Mayfield. “We wanted to just promote fairness.”
Even if the rollbacks are not prevented, Mayfield pledged that he will fight for change. He believes there should be political consequences for lawmakers who go back on their stated agenda, and promises further rallies and sit-ins.
“We will raise public awareness and public hell,” he said.
For more, please visit communityalternatives.org.
Reversión de la reforma
Por Sherry Mazzocchi
Mientras Albany revierte su progresista ley de reforma de la fianza, los defensores dicen que una pandemia no es el momento para mantener a más personas en cárceles abarrotadas.
Con la esperanza de que el gobernador Cuomo invoque poderes de emergencia de último minuto para detener el retroceso, a partir del 2 de julio, Marvin Mayfield dijo que las reformas iniciales de la fianza eliminaron a la mitad de las personas detenidas en las cárceles durante el período anterior al juicio.
“La única razón por la que eran retenidos, no porque se les considerara peligrosos, sino simplemente porque no podían pagar la fianza”, dijo Mayfield, organizador estatal en el Centro de Alternativas Comunitarias. “Esto es nada menos que devastador para las comunidades negras y marrones que han sido objeto de criminalización masiva y violencia estatal”.
De acuerdo con los informes de la Sociedad de Ayuda Legal, más de 1,700 personas detenidas y empleados de las cárceles de la ciudad de Nueva York han dado positivo a la COVID-19, con más de 3,000 expuestos a la altamente contagiosa enfermedad. Las cárceles de la ciudad de Nueva York no están diseñadas para el distanciamiento social ni la limpieza es una alta prioridad.
“El jabón es una importante mercancía”, dijo Mayfield, explicando que las raciones de jabón generalmente se agotan antes de ser reemplazadas.
Después de casi un año en Rikers Island, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, el cual, dijo, aceptó para irse a casa.
Las reformas de la libertad bajo fianza promulgadas por Albany tenían el objetivo de evitar largas estadías, así como acuerdos forzados de declaración de culpabilidad. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, la mayoría de las condenas no son el resultado de un juicio. Casi el 97 por ciento de las condenas federales se obtienen a través de un acuerdo de culpabilidad. La estadística estatal es del 94 por ciento.
Mayfield calificó los retrocesos como “mezquinos” en medio de una pandemia. “Los legisladores que sucumbieron a una campaña racista de alarmismo y desinformación serán responsables del encarcelamiento previo al juicio de decenas de miles de neoyorquinos más cada año. Ahora es el deber de todos los funcionarios de Nueva York que creen en la justicia, volver a comprometerse con la libertad preventiva y aprovechar todas las herramientas posibles para detener estos retrocesos y deshacer este daño”.
El año pasado, Albany promulgó un paquete de reforma de la fianza que eliminó la fianza en efectivo para la mayoría de los arrestos en el estado de Nueva York. A partir del 1 de enero, la reforma de la fianza fue promovida como un éxito por los legisladores, quienes dijeron que las nuevas leyes mantendrían a las personas incapaces de pagar fuera de las cárceles hasta sus juicios. Se estimó que eliminar la fianza en efectivo reduciría la población de la cárcel en al menos un 40 por ciento, según un estudio del Centro para la Innovación de la Corte.
Poco después de que la legislación entrara en vigor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la rechazaron, diciendo que las reversiones aumentaron el crimen. Otros dijeron que, dado que el programa acababa de comenzar, la información limitada no ofrecía un análisis justo.
En abril, la legislatura optó por revisar los problemas y aprobó una nueva ley que permite a los jueces la opción de establecer una fianza en efectivo en 15 categorías adicionales.
“Verlos retroceder es desalentador”, dijo Mayfield. “Las personas que no pueden pagar la fianza son negras y marrones y de comunidades de bajos ingresos. Las personas que pueden pagarla son ricas, y generalmente son personas blancas. Esta es la disparidad que estábamos desafiando con la reforma de la fianza”.
Los defensores vieron como un gran salto las iniciales leyes de reforma de la fianza. Esperar en la cárcel a menudo significa una cascada de otras pérdidas, que incluyen trabajos, custodia de niños, hogares o apartamentos. Los jóvenes pierden un tiempo valioso lejos de la escuela. Y otros pueden no tener acceso a la atención médica o medicamentos.
De acuerdo con un estudio de 2018 realizado por la Oficina de Estadísticas de Justicia, seis de cada 10 personas en la cárcel esperan juicio. Personas que son declaradas inocentes representan el 95 por ciento del crecimiento de la población carcelaria entre 2000 y 2014, según el mismo estudio. Otros defensores dicen que esperar en la cárcel no tiene ningún propósito real y es contrario a la presunción de inocencia del sistema de justicia hasta que se pruebe su culpabilidad.
“La reforma de la fianza por la que luchamos creó específicamente justicia en todos los ámbitos. Nunca se trató de excusar el crimen ni de comprometer la seguridad. Se trataba de justicia para las personas que no pueden pagar, y evitar que se convirtieran en materia prima dentro del complejo industrial de la prisión en el estado de Nueva York”, dijo Mayfield. “Solo queríamos promover la equidad”.
Si las reformas se reviertan, Mayfield se comprometió a luchar por el cambio. Él cree que debería haber consecuencias políticas para los legisladores que vuelven a su agenda establecida, y promete más manifestaciones y sentadas.
“Vamos a crear conciencia pública e infierno público”, dijo.
Para más información, por favor visite communityalternatives.org.
