Bail continues to drive pretrial detention: report
La fianza sigue determinando la detención preventiva: informe

Bail continues to drive pretrial detention: report

Despite reforms that have meaningfully reduced the number of people subject to bail, bail-setting continues to drive pretrial detention and siphons money from low-income communities of color, according to a new analysis from the office of NYC Comptroller Brad Lander.

The share of people released pretrial who are rearrested for a new offense has not changed following the implementation of bail reforms, according by to data detailed in the report.

While judges set bail in 14,545 cases in calendar year 2021, down from 24,657 in 2019, defendants and their friends and family still posted $268 million in bail, up from $186 million in 2020, the report said.

To assess the impact of 2019 bail reforms, the Comptroller’s Office analyzed data provided by the New York State Office of Court Administration (OCA) on bail setting and bail made, as well as data on pretrial release outcomes from the New York City Criminal Justice Agency during calendar years 2019, 2020 and 2021.

The data shows that, despite new requirements to consider the ability of defendants to pay in those cases where bail still applies, the 2019 reforms have neither made bail more affordable nor prevented incarceration for those still subject to bail setting, the report said.

Even as the number of people subject to bail has declined, there has been no increase in the number or percentage of people who are rearrested for a new offense while awaiting trial in the community. In January 2019, 95 percent of people awaiting trial in the community were not rearrested that month, while that proportion rose slightly to 96 percent in December 2021.

Both before and after bail reform, fewer than 1 percent of people released pretrial, either through bail or otherwise, were rearrested on a violent felony charge each month, the report said.

Rather than roll back critical reforms, the Comptroller’s office urged Albany legislators to strengthen implementation and invest in programs that prevent crime and promote community safety.

“In a moment of real anxiety about public safety, the conversation on bail reform has become divorced from the data, which shows essentially no change in the share of people rearrested while released pretrial before and after the implementation of the 2019 bail reforms,” said Lander. “Instead, what we see is a rise in average bail amounts and a continuation of bail-setting practices that extract money from families and deny freedom to people who are presumed innocent before trial. We should follow the facts rather than fear, and reject reactive efforts to roll back reforms that threaten the progress we have made towards more equal justice. Our system has put a high price on freedom and made bail a barrier to justice for those who cannot afford to pay.”

To significantly curtail the use of pretrial detention, New York should also advance strategies that address root causes of criminal legal system involvement, redirecting resources from the law enforcement and correctional systems to social supports that promote stability and safety and create economic opportunity, such as mental health care, substance use prevention and treatment, affordable housing, youth programming, and quality education, Lander said.

For more, please visit comptroller.nyc.gov.

La fianza sigue determinando la detención preventiva: informe 

A pesar de las reformas que han reducido significativamente el número de personas sujetas a fianza, la fijación de la fianza sigue determinando la detención preventiva y desvía el dinero de las comunidades de color con bajos ingresos, según un nuevo análisis de la oficina del contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander.

El porcentaje de personas puestas en libertad antes del juicio que vuelven a ser detenidas por un nuevo delito no ha cambiado tras la aplicación de las reformas de la fianza, según los datos detallados en el informe.

Mientras que los jueces fijaron la fianza en 14,545 casos en el año calendario 2021, por debajo de 24,657 en 2019, los acusados y sus amigos y familiares aún pagaron 268 millones de dólares en fianza, por encima de los $186 millones de dólares en 2020, dijo el informe.

Para evaluar el impacto de las reformas de la fianza de 2019, la Contraloría analizó los datos proporcionados por la Oficina de Administración Judicial del estado de Nueva York (OCA, por sus siglas en inglés) sobre la fijación de la fianza y la fianza otorgada, así como los datos sobre los resultados de la liberación previa al juicio de la Agencia de Justicia Penal de la ciudad de Nueva York durante los años calendario 2019, 2020 y 2021.

Los datos muestran que, a pesar de los nuevos requisitos para considerar la capacidad de pago de los acusados en aquellos casos en los que todavía se aplica la fianza, las reformas de 2019 no han hecho más asequible la fianza ni han evitado el encarcelamiento de quienes siguen sujetos a fianza, según el informe.

Incluso cuando el número de personas sujetas a fianza ha disminuido, no ha aumentado el número o el porcentaje de personas que vuelven a ser arrestadas por un nuevo delito mientras esperan el juicio en la comunidad. En enero de 2019, el 95 por ciento de las personas que esperaban un juicio en la comunidad no volvieron a ser arrestadas ese mes, mientras que esa proporción aumentó ligeramente al 96 por ciento en diciembre de 2021.

Tanto antes como después de la reforma de la fianza, menos del 1 por ciento de las personas liberadas antes del juicio, ya fuera a través de la fianza o de otra manera, volvieron a ser arrestadas por un cargo de delito grave violento cada mes, dice el informe.

En lugar de hacer retroceder las importantes reformas, la oficina del contralor instó a los legisladores de Albany a fortalecer la implementación e invertir en programas que prevengan el crimen y promuevan la seguridad de la comunidad.

“En un momento de verdadera ansiedad sobre la seguridad pública, la conversación sobre la reforma de la fianza se ha divorciado de los datos, que muestran esencialmente ningún cambio en la proporción de personas que vuelven a ser arrestadas mientras están en libertad preventiva antes y después de la implementación de las reformas de fianza de 2019”, dijo Lander. “En su lugar, lo que vemos es un aumento de los montos promedio de fianza y una continuación de las prácticas de establecimiento de fianzas que extraen dinero de las familias y niegan la libertad a personas que se presumen inocentes antes del juicio. Deberíamos atenernos a los hechos y no al miedo, y rechazar los esfuerzos reactivos para hacer retroceder las reformas que amenazan los avances que hemos logrado hacia una justicia más igualitaria. Nuestro sistema ha puesto un alto precio a la libertad y ha convertido la fianza en una barrera para la justicia para quienes no pueden pagarla”.

Para reducir significativamente el uso de la detención preventiva, Nueva York también debería promover estrategias que aborden las causas fundamentales de la implicación en el sistema jurídico penal, reorientando los recursos de los sistemas policial y penitenciario hacia apoyos sociales que promuevan la estabilidad y la seguridad y creen oportunidades económicas, como la atención a la salud mental, la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias, la vivienda asequible, los programas para jóvenes y la educación de calidad, dijo Lander.

Para más información, por favor visite comptroller.nyc.gov.